Este modelo se basa en la implementación voluntaria de un Derecho Real de Conservación (DRC), en virtud del cual la propietaria (Corporación Parque Punta de Lobos) establece una serie de obligaciones y prohibiciones voluntarias sobre el predio que constituye el Parque; en favor del titular o garante del DRC, quien es la Fundación Punta de Lobos, la que puede exigir el cumplimiento de tales obligaciones y prohibiciones tanto respecto del propietario que suscribió el contrato constitutivo del DRC, como respecto de quienes lo sucedan en el dominio, en forma indefinida.

Así, la Corporación Parque Punta de Lobos asume la responsabilidad de gestionar y administrar el Parque Punta de Lobos en línea con lo definido en conjunto a Fundación Punta de Lobos, dentro del plan de manejo y restringiéndose a lo permitido en el DRC. Por otro lado, la Fundación Punta de Lobos debe supervigilar y evaluar el cumplimiento del DRC y del plan de manejo, que a su vez debe ser previamente aprobado por la misma.

Conjuntamente, el hecho de que la propietaria sea una persona jurídica sin fines de lucro y formada por un conjunto de personas, permite contar con una gobernanza robusta y una mayor protección legal en el largo plazo. Existe una incorporación de socios de forma periódica (tanto personas naturales como jurídicas) que tienen lugar en la toma de decisiones a través de las Asambleas Generales, dando cabida a la comunidad interesada por un lado y, por el otro, entrega la posibilidad de financiamiento a través del pago de cuotas sociales para asegurar la sostenibilidad del modelo de conservación a perpetuidad.